Se vende. Con la llegada de la crisis,
cada vez más ayuntamientos en España cuelgan el cartel para adjudicar a
empresas privadas la gestión del agua, un servicio por lo general eficiente y
en la mayoría de casos viable para los consistorios. Sin embargo, según las
estimaciones de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento
y Saneamiento (AEOPAS), si en 1996 sólo un 37% de la población del país estaba
abastecida por sociedades privadas, ese porcentaje supera hoy el 50% y se
calcula que pueda alcanzar el 57% en el transcurso de los próximos meses. ¿La
razón? Económica, principalmente.
Las delicadas finanzas municipales han
convertido a las empresas públicas de agua en una perita en dulce para
conseguir aliviar las arcas públicas con una suma de capital considerable, de
manera rápida y relativamente sencilla. Cuando los ayuntamientos deciden
externalizar el servicio, las entidades interesadas ofrecen un canon
concesional millonario a cambio de hacerse cargo de la gestión durante
unos 20 años de media (en algunos casos pueden llegar a firmar para cuatro
décadas), mediante un contrato que no garantiza que el dinero recibido vaya a
ser reinvertido en el propio ciclo hidráulico. Las administraciones reducen sus
deudas y se desentienden de la contratación de personal, el mantenimiento de
las instalaciones y las tarifas. Las empresas, por su parte, adquieren un
servicio con alta viabilidad (las facturas tienen una garantía de cobro de
entre el 95% y 97%) y sin competidores en el sector.
"Como los ayuntamientos ya no
pueden vender el suelo, venden los servicios públicos. Venimos de la burbuja
inmobiliaria y vamos hacia la burbuja del agua", lamenta Luis Babiano,
gerente de AEOPAS, que considera un "escándalo" que los municipios
destinen parte del dinero que reciben del canon para financiar partidos o
levantar rotondas.
Roque Gistau, presidente de la
Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS), a la que
pertenece el 80% de las operadoras del servicio tanto públicas, como mixtas y
privadas, no cree que la titularidad de las empresas influya en la
calidad de la gestión, pero coincide en señalar la mala administración que
se hace de los fondos: "lo que no puede ser es que los ayuntamientos no
inviertan ese canon concesional en el servicio de agua", afirma.
En sus conclusiones ambos apuntan en la
misma dirección al identificar el origen del problema: la falta de un ente
regulador que supervise la concesión. Mientras que en la mayoría de países
europeos los acuerdos con operadoras privadas están sometidos a un fuerte
control tanto para fijar las tarifas como para las inversiones en infraestructura,
etc., en España la ausencia de mecanismos de este tipo hace los procesos mucho
menos garantistas.
"Lo que se produce es una
desviación total de los fondos.Los alcaldes están privatizando para hacer
caja. De ese modo, el agua se ha convertido en un activo financiero con el
que especular", dice Eloi Baldía Casas, miembro de Ingeniería sin
Fronteras y portavoz de la plataforma Agua es Vida, por la defensa del agua en
Catalunya.
Su agrupación es una de las muchas que
se han creado en España para responder a la tendencia privatizadora del
servicio del agua por parte de las administraciones locales. Los ejemplos se
reproducen por múltiples comunidades autónomas. En Candeleda (Ávila), la
Plataforma contra la Especulación Ambiental y Urbanística ha conseguido
recolectar 3.400 firmas (en una población de poco más de 5.000 habitantes)
contra la intención del alcalde (PP) de vender el servicio público de aguas a
la empresa Aqualia, a la que sólo se le exige una inversión de 500.000 euros
durante 30 años. El Ayuntamiento argumenta que sufre pérdidas con la
gestión del servicio y que no tiene el dinero para realizar las
inversiones necesarias en infraestructura, pero según Pilar Diego, portavoz de
la plataforma, las cuentas públicas disponen de superávit y el servicio de
aguas da beneficios al consistorio, tal y como reflejan los datos del
Ministerio de Hacienda.
Otro caso es el de El Puerto de Santa
María (Cádiz), donde el ayuntamiento (PP-PA) tramita la venta del 49% de la
empresa municipal APEMSA y la cesión a un socio privado de su gestión indirecta
durante 25 años, periodo en el que la primera pagará a su socia un 5% de los
beneficios de la entidad. La plataforma Aguas del Puerto no se Vende lleva más
de un año luchando para demostrar que la empresa pública no tiene pérdidas ni
necesidad de una financiación especial o urgente.
Un valor de mercado
El agua, declarada como un "derecho
humano" por las Naciones Unidas en 2010, pasa así de ser un servicio
público sin ánimo de lucro, a manos de sociedades privadas que, como tal,
buscan generar beneficios económicos. La primera consecuencia del proceso
es un incremento casi inmediato del coste del líquido que
repercute en el consumidor.
Gistau defiende que esta subida se
produce porque la tarifa pública "no recoge los costes reales del
proceso" al ser estos asumidos en su mayor parte por los ayuntamientos.
Luis Hiniesta, miembro de Aguas del Puerto no se Vende sólo ve, en cambio, una
justificación posible: la necesidad de asegurarse un negocio rentable. "Hay
que poner en cuestión por qué el agua, que en alta se genera a través de los
embalses y cuencas y de un sistema público, se le permite en baja, cuando llega
a los ciudadanos, incorporar el ánimo de lucro. Es un disparate. El agua no
puede convertirse en otra cosa que en un bien básico que tiene un origen
natural, vital e insustituible", enfatiza.
Babiano asegura que "se están
triplicando los casos de corte en el suministro" a nivel nacional y
considera que a través de la gestión privada no es posible garantizar el acceso
a todo el mundo. "Se está perdiendo la consideración de que esto es un
derecho humano. Para mí, lo que es más doloroso es que se le pueda
cortar el agua a la gente que no tiene recursos para pagar".
Comprobar con datos si la calidad de la
gestión es superior con operadores públicos o privados es, por el momento, algo
difícil de demostrar. Al no existir entidades reguladoras ni parámetros
estandarizados que analicen por igual la prestación del servicio en toda la
geografía nacional, la escasa información depende de los datos que las empresas
faciliten voluntariamente, sin mucho margen para poder garantizar su
fiabilidad. Tanto AEOPAS como AEAS reclaman cambios en este sentido.
Roque Gistau insiste en que se trata de
un debate "artificial": "Creo que hay que tener el
control público, otra cosa es la operación del servicio... pero la
tecnología que hace falta aplicar a los procesos hoy es tan grande que hace
falta tener sistemas fuertes detrás capaces de aportarlos. Un ayuntamiento no
puede hacerle frente", argumenta.
Lo que parece claro, en cualquier caso,
es que el del agua es un negocio con una proyección de futuro innegable en el
mundo, algo de lo que da cuenta el SGI World Water CW, un índice
bursátil que desde su puesta en marcha en 2004 ha acumulado beneficios
superiores a los del resto de mercados que cotizan en Bolsa. En España, el 80%
del negocio se lo reparten entre Aquagest, filial del grupo AGBAR (Aguas de
Barcelona) y de SUEZ EOLIA; y Aqualia, del grupo Fomento Construcciones y
Contratas (FCC), que funcionan casi a modo de oligopolio.
Fuente: Público
No hay comentarios:
Publicar un comentario