Haciendo de la necesidad virtud, España ha sabido dotarse en cada
momento de las instituciones y de los medios necesarios para resolver
sus problemas –a veces graves- de disponibilidad de agua. Por ello
creemos que, debido a los profundos cambios de todo tipo que nuestra
sociedad ha tenido en las últimas décadas, es necesario revisar nuestra
política de aguas, y hacerlo sobre la base de un gran acuerdo político y
social.
Razones para ello no faltan, entre ellas, y destacadamente, las
siguientes. Se deben de acomodar adecuadamente nuestras administraciones
hidráulicas al Estado de las Autonomías, de forma que
se garantice el principio imprescindible de la gestión integrada de las
cuencas hidrográficas y, al mismo tiempo, se armonice la compleja
distribución de competencias entre las administraciones estatal y
autonómicas. Es necesario dar respuesta, en consonancia con la Directiva Marco del Agua
y otras directivas comunitarias, a los requerimientos más estratégicos
que actualmente plantea la gestión del agua, como son acabar con la
sobreexplotación y contaminación y proteger los ecosistemas hídricos sin
por ello poner en riesgo la seguridad del abastecimiento en cantidad y
calidad o las demandas hídricas de la agricultura, la industria, el
turismo o la energía. Menos todavía hemos logrado la sostenibilidad
económica en la gestión del agua.
Se hace imperativo la aprobación de una adaptación de la Ley de Aguas
que satisfaga las necesidades actuales de nuestra sociedad, de acuerdo
con el estado actual del conocimiento científico y técnico.
En definitiva, nuestra legislación, nuestras administraciones y
nuestras políticas de agua han quedado obsoletas a lo largo de los años y
requieren una profunda renovación, sólo posible gracias a un gran
acuerdo político que aporte cooperación y sostenibilidad. Esta situación
lastra la recuperación económica del país y la generación de empleo.
En las últimas décadas cada cambio de gobierno ha supuesto un cambio de
rumbo, de estrategia y prioridades en la política del agua, con altos
costos económicos y sociales. La insostenibilidad de esta situación está
en la conciencia de toda la sociedad así como la necesidad de un
acuerdo lo más amplio posible que asegure la estabilidad en las
políticas básicas de aguas. Acuerdo que esta desde hace tiempo en el
ideario y aún en los programas políticos de todos los partidos sin que
se llegue a concretar en un pacto de estado, que no será viable sin la
participación de todos, partidos políticos y organizaciones sociales.
Este Pacto de Estado, en el que todos parecen estar de
acuerdo no puede llevarse a efecto por la inercia partidista, la única
solución para romper esta inercia y el circulo vicioso en el que nos
encontramos es una decidida actuación de la Sociedad Civil,
asociaciones profesiones, empresariales, ONG´s y fundaciones del sector
que demanden a los poderes políticos, sin más demora la firma de este
acuerdo.
Por: Fernando López Vera, Presidente de la Fundación Española del Agua Subterránea
No hay comentarios:
Publicar un comentario