
Pero una de las premisas básicas de la DMA, más allá de los cambios jurídicos que se establecen, es el cambio de mentalidad social, política y económica con respecto al agua y por ende, al medio ambiente. Un cambio cualitativo y no sólo cuantitativo en la política de aguas. Un cambio en la visión de esta política, colocando en primer lugar la protección de las aguas y ecosistemas, y en segundo lugar su uso sostenible.
A su vez la DMA debe establecer un modelo integrado y de participación activa en la planificación y gestión del agua frente al caduco modelo anterior y debería incorporar instrumentos económicos como elementos decisivos para lograr el uso sostenible.
Y en mi opinión, este nuevo concepto del agua está muy lejos de estar implantado en España, o lo que es lo mismo, en la cabeza de los españoles, acostumbrados a un derroche, a una semi gratuidad del recurso y a un mal trato al medio ambiente muy vinculado al modelo productivo que hasta hace poco reinaba entre nosotros.
Esperemos que esta crisis nos haga recapacitar a todos y encaminarnos hacia modelos más sostenibles, más limpios y a buen seguro, mucho más productivos, eficientes y socialmente justos.
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