La respuesta a la pregunta es sencilla: el hotel es ilegal. Y no lo digo yo, lo dice la Sección Primera de la Sala Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en sentencia de veintitrés de enero de 2008 (ratificada por Audiencia Nacional en Julio de ese mismo año) por la que avala el deslinde realizado por el Ministerio de Medio Ambiente en 2005 y el Juzgado nº 2 de lo Contencioso-Administrativo de Almería cuando paralizó las obras el veintiuno de febrero de 2006 y declaró nula la licencia municipal en septiembre de 2008 amén de remitir todas las actuaciones a la fiscalía al apreciar indicios de delito.
Pero veamos que todo esto tiene mucha más miga que la simple respuesta a esa pregunta y nos lleva a formularnos otras muchas preguntas quizás de mayor relevancia y de más difícil respuesta. Partiendo de la idea de que es ilegal, ¿lo es en toda su extensión? ¿Podría llegar a legalizarse? Esto nos lleva a plantearnos la otra pregunta del enunciado: ¿la reclamación de los grupos ecologistas, es decir, el derrumbe del inmueble y la restitución de la zona, tiene fundamentos legales? Y por último, ¿qué pasará con el hotel y con la Playa del Algarrobico?
A través del dónde, cuándo, cómo y porqué del caso del Agarrobico, intentaré contestar todos estos interrogantes.
Situada a 4 Km al norte de Carboneras, a cuyo término municipal pertenece, la playa del Algarrobico es un enclave situado dentro del Parque Natural del Cabo de Gata - Níjar. Con 1350 metros de longitud y 32 metros de ancho medio, de aguas tranquilas y arena dorada con pequeños guijarros, es un lugar calificado como zona ZEPA, Lugar de Interés Comunitario y Zona de Especial Protección de Mediterráneo, además de Reserva de la Biosfera.
Greenpeace abrió la caja de los truenos al aparecer una de sus lanchas con una pancarta que decía “hotel ilegal demolición” con la construcción del hotel de El Algarrobico al fondo allá por 2005.
Pero aquello no era sino el principio del fin de un proyecto que nació años atrás. De hecho, el comienzo de esta historia se remonta a 1984, año en el que el Ayuntamiento de Carboneras incluyó en la redacción de sus normas subsidiarias que en El Algarrobico se pudiese construir. Tres años más tarde, la Comisión Provincial de Urbanismo las aprobó. Estas normas se revisaron en el año 1990 y se aprobaron posteriormente de manera definitiva. Es decir, en 1990 se aprueba que en El Agarrobico se pueda construir con una zona de servidumbre marítimo-terrestre de 20 metros, según la Ley de Costas de 1966.
En el año 1994, la Junta de Andalucía ratifica el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Cabo de Gata, que se amplía al municipio de Carboneras y protege con ello la zona en cuestión. Tres años después, una resolución de la Comisión Provincial de Urbanismo acuerda el proyecto de urbanización de El Algarrobico.
Ya en 2001 la empresa Azata del Sol, que adquirió los terrenos en 1999, solicita la licencia de obras al Ayuntamiento de Carboneras, aunque esta queda en suspensión hasta que se certificara el estudio de detalle. Finalmente, en 2003, tanto la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, como la de Sanidad, consienten que el hotel se establezca en El Algarrobico. Un año antes, en 2002, el Ministerio de Economía concede una subvención para la construcción del hotel.
Llega el año de la polémica, 2005. Fue entonces cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado el deslinde de la zona, resultando que el espacio de servidumbre que tenía que respetar el hotel desde la costa debía ser de 100 metros, y no de 20 metros, como establecía la anterior Ley de Costas. Esta diferencia de metros ha resultado crucial, ya que provoca que una parte del edificio ocupe una zona de manera ilegal.
En ese mismo año desde el Ministerio de Medio Ambiente afirman que se expropiarán los terrenos.
Un poco después, en febrero de 2006, la organización ecologista “Salvemos Mojácar” presenta un recurso en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería, que ordena paralizar las obras. La empresa Azata detiene la construcción y recurre el deslinde efectuado por el Ministerio, cuestión ésta que pierde finalmente en la Audiencia Nacional en 2008.
Algo más tarde, en la primavera, el presidente de la Junta de Andalucía comunicó la compra del parque. Y es que al encontrarse los terrenos en un Parque Natural, la Junta tenía preferencia de compra sobre cualquier otra empresa, algo que se conoce como derecho de retracto. Es decir, cuando en 1999 la empresa Azata compró los terrenos estos debieron ser ofrecidos en primer término a la Junta de Andalucía, extremo éste que no ocurrió.
La Junta de Andalucía estaba dispuesta a pagar 2,3 millones de euros para recuperar el suelo y poder derrumbar el hotel. Pero la promotora no aceptó una cantidad que consideraba muy inferior a los 300 millones de euros que consideraba que costaba el suelo, y recurrió otra vez a los tribunales.
Como ya se ha dicho, en septiembre de 2008 el Juzgado nº 2 de lo Contencioso-Administrativo de Almería declaró nula la licencia municipal amén de remitir todas las actuaciones a la fiscalía al apreciar indicios de delito.
En 2009 la nueva Ministra de Medio Ambiente desestimó el procedimiento de expropiación iniciado por su antecesora en el cargo.
A día de hoy, las tres administraciones implicadas han decidido dejar en manos de la justicia la decisión sobre el futuro del hotel y de la playa del Algarrobico. Con alrededor de 15 recursos y contrarrecursos abiertos, el principal el que afecta a la licencia municipal, es difícil predecir el futuro del hotel ilegal en la playa del Algarrobico.
Y una vez explicada la cronología de lo acontecido hasta ahora adentrémonos en el meollo del asunto: El cómo.
El Ayuntamiento por medio de un plan denominado “Carboneras Viva”, la Junta de Andalucía por medio del denominado “Plan de Desarrollo Sostenible de Cabo de Gata-Nijar” y el Gobierno de España, con las ayudas dadas desde el Ministerio de Economía, propiciaron que en la playa del Algarrobico se construyese un macro complejo residencial y hotelero que revitalizara económicamente la zona, donde el hotel del Algarrobico era sólo la punta de un inmenso icerberg. El Ayuntamiento realizó el planeamiento urbanístico de la zona, la Junta el “modificó” el Plan de Recursos Naturales y el Gobierno de España “ralentizó” el deslinde obligatorio según la Ley de Costas. Por tanto las tres administraciones son cómplices. Cómplices y parte activa junto a los promotores y propietarios de los terrenos.
Pero el Gobierno de España cambió, Greenpeace sacudió nuestras conciencias y hombres y mujeres buenos se pusieron en acción. La administración pese a lo que se diga es rápida, eso sí, cuando se le azuza. Y apenas 18 meses después del cambio de Gobierno (y de sensibilidad) el deslinde estaba finalizado y aprobado por medio de una Orden Ministerial. La Ministra Narbona obró el milagro: apenas meses antes de su inauguración, el deslinde llegaba cual salvador de una playa que estaba sentenciada de muerte y golpeó en la línea de flotación del mastodóntico inmueble bajo la atenta mirada de detractores y promotores.
Y sin que sirva de precedente, una casualidad temporal se alió jurídicamente a favor del derribo del inmueble. Si el Plan Parcial del Algarrobico hubiera sido aprobado por el Ayuntamiento apenas 5 meses antes, es decir, antes del 1 de enero de 1988, no tendría que cumplir la disposición transitoria tercera de la Ley de Costas de 1988 por la que los planes ratificados después del 1 de enero de 1988, pero antes de la entrada en vigor de la Ley, deben revisarse para su adaptación a la citada Ley de Costas, y su zona de servidumbre sería de 20 metros en lugar de los 100 metros que dictó el deslinde en 2005, cumpliendo el deslinde del litoral aprobado por orden ministerial de 30 de marzo de 1966.
Y este deslinde, estos 100 metros son la clave de todo lo demás. Tanto el Ayuntamiento como la Junta de Andalucía han intentado “legalizar” el hotel por medio de sendas modificaciones tanto de las Normas Subsidiarias como del Plan Ordenación de Recursos Naturales. El Ayuntamiento podrá intentar ratificar que los suelos son urbanizables y la Junta desproteger la zona en cuestión pero mientras que el deslinde sea el que es, en el Algarrobico no puede haber un hotel a menos de 100 metros del mar. El deslinde “salvador” ya ha sido ratificado por el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, por tanto, más pronto que tarde esos 100 primeros metros tendrán que quedar libres y restaurados.
Dicho lo cual, ya estamos en disposición de responder las preguntas iniciales. El hotel es ilegal, lo es al menos la parte que está dentro de esos primeros 100 metros. Eso ya es un hecho. Ahora la justicia tendrá que determinar si el terreno es o no es urbanizable lo que ilegalizaría o no la parte del hotel a partir de esos 100 metros. En esos 100 primeros metros el hotel no puede ser legalizado en ningún caso. Los propietarios podrían recurrir al Programa de reconocimientos de derechos sobre el dominio público marítimo terrestre y solicitar una concesión de 30 años, pero según indican las normas de concesión, los usos deben de tener una naturaleza que les obligue a ocupar el dominio marítimo-terrestre, y no parece el caso de un hotel. A partir de esos 100 metros, existe la posibilidad de que fuera legalizado, pero sería un sinsentido desplazar el hotel hacia atrás con todo el coste que ello conllevaría.
Por tanto, la reclamación de los grupos ecologistas es legítima, y me atrevería a decir que justa, sensata, responsable y necesaria.
Pero, ¿qué pasará? Espero que en unos años, no más de diez, cuando el lento sistema judicial español lo permita, la zona sea definitivamente declarada protegida y no urbanizable por estar dentro de la zona de protección del Plan de Recursos Naturales de Cabo de Gata, obligando a modificar las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Carboneras. La licencia municipal definitivamente declarada nula y los terrenos comprados por la Junta de Andalucía haciendo valer el derecho de retracto, procediendo al derribo del hotel y a la restitución de la zona de la mejor manera posible.
Pero explicado y valorado lo ocurrido, ahora toca buscar los porqués.
Quizás sean entendibles tanto las posiciones favorables a su derribo como las que defienden lo contrario. Ambos, tanto los criterios de defensa del medio ambiente como los que anteponen a éstos criterios económicos y desarrollistas, son humanamente comprensibles. Pero, entonces, ¿quién marca las reglas del juego? En un país competencialmente tan descentralizado, ¿cómo articulamos políticas que primen por igual ambos criterios? ¿Cómo asegurar “el pan de la gente” y la supervivencia de nuestros privilegiados entornos?
Por un lado tenemos el anhelo de multitud de pueblos, comarcas e incluso regiones económicamente deprimidas, coyuntural o históricamente hablando, donde hombres y mujeres carecen de oportunidades para poder ganarse dignamente la vida.
Y por otro lado, enfrentados a ellos, encontramos parajes con altísimos valores medio ambientales que durante siglos nadie ha priorizado políticas para su conservación.
Para paliar el primero de los anhelos desde hace más de cien años se han venido articulado fórmulas que permiten paliar el problema por medio de la ocupación y destrucción del territorio y la contaminación del mismo con la instalación de industrias pesadas y ya más recientemente, con desarrollos urbanísticos más que desmesurados. Quizás desde la revolución industrial hasta la segunda mitad del siglo XX no hubo más remedio que “cerrar los ojos” ante el maltrato dado al medio ambiente porque era una exigencia para el desarrollo. Es más, el medio ambiente y su conservación no era ya no una prioridad, sino tan siquiera era algo a considerar.
Pero con la llegada de los enormes avances tecnológicos acaecidos a partir de la segunda mitad del siglo XX también llegó una nueva concienciación acerca de cómo respetar el entorno que nos rodea. Concienciación que muy lentamente se va implando en una sociedad que está siendo guiada por legislaciones locales, autonómicas, estatales e incluso comunitarias cada vez más restrictivas y conservacionistas.
Pero en ese largo camino se producen disfunciones propias de un lienzo inacabado, como la que hoy nos demuestra el sangrante episodio del Algarrobico. Disfunciones basadas en marcos normativos aún por desarrollar, basadas en actuaciones (como los deslindes) que están lejos de estar concluidas y solapamientos entre las competencias de las distintas administraciones, por no hablar de cambios radicales de dirección en las políticas basados en citas electorales. Basadas en cambios de estrategias de gobiernos y dirigentes. Basadas sencillamente en desajustes propios de la provisionalidad que otorgan trabajos aún por concluir dentro de esta joven democracia y por tanto, de la falta de unas reglas del juego claras, todo esto aderezado de un sistema judicial lento y torpe y una descentralización del estado a nivel competencial y económico también con muchos parches, como por ejemplo el tema capital de la financiación de los Ayuntamientos.
En el Albarrobico se han dado todas y cada una de las disfunciones descritas: primero, un crucial cambio de Gobierno en el Estado, cuyo cambio de sensibilidad propició un deslinde que en otras circunstancias no hubiera sido finalizado a tiempo o no hubiera sido realizado con los mismos criterios. Un Ayuntamiento que, cegado por canalizar los intereses legítimos de creación de empleo y riqueza de sus vecinos, acudió a la fácil herramienta de la destrucción de su maravilloso territorio para paliar su falta de imaginación y creatividad para crear otro tipo de alternativas. Vender tu patrimonio para construir hoteles de lujo y resort a cambio de turistas de gran poder adquisitivo y trabajo para los tuyos no es sino poner a éstos como vasallos del poder a cambio de un trozo de pan.
Una Comunidad Autónoma que durante años equivocó el modelo de crecimiento de sus costas permitiendo, autorizando (y cerrando los ojos después) salvajes desarrollos urbanísticos que el tiempo ha demostrado que eran pan para hoy y hambre para mañana amén de ser un foco de corruptelas inaudito cuyo mayor ejemplo tenemos en la localidad malagueña de Marbella.
Un Gobierno Central hasta 2004 que pensaba que debía ser urbanizable todo suelo que no estuviera protegido, como así lo plasmó en la Ley del Suelo de 1998, contribuyendo con ello a un modelo productivo errático y peligroso que nos ha llevado a la mayor burbuja inmobiliaria de la historia de España. Y un Gobierno Central emanado de la soberanía popular en 2004 que, pese a la muy buena predisposición inicial, la terrible crisis económica que nos azota le ha hecho dedicarse en pleno a otros menesteres, quizás más acuciantes.
Si la crisis ha traído algo positivo a este país sin duda ha sido dar un toque de atención a políticos, empresarios y sobre todo ciudadanos sobre la necesidad imperiosa de hacer las cosas de manera distinta, siguiendo otras lógicas y con otras expectativas; nos ha enseñado que no íbamos por el camino correcto y que de seguir por esa senda estábamos condenados a un futuro mucho peor.
La crisis, quizás cual rosa de los vientos de esta gran nación, nos esté enseñando la dirección por la que debemos guiar nuestros pasos para asegurarnos un futuro esplendoroso con prosperidad económica, igualdad social y sostenibilidad ambiental. La dirección del cambio de mentalidad de una sociedad demasiado acostumbrada a la ausencia de sacrificios, responsabilidad y tesón, que a día de hoy piensa más en “yo” que en “nosotros”, piensa más en el individualismo atroz y egoísta que en el pluralismo y el bien común de la sociedad.
Otro mundo es posible. Otra España es posible. Ahora necesitamos que la ciudadanía crea en ello y de valor a nuestros líderes para llevar a cabo la tarea.
“En tu interior está la solución de salvar lo bello que queda”
Juan Aragoneses Carralón
(Trabajo realizado para el Máster en gestión, tratamiento y depuración de agua del Ilustre Colegio de Ingenieros Forestales, cuya valoración ha sido de 10)
No hay comentarios:
Publicar un comentario