Recientemente un informe del
Centro de Estudios Andaluces señala la “debilidad” de la sociedad civil
andaluza y de su cultura política “frente al deseo de un Estado fuerte que se
responsabilice de la solución de muchos problemas”, y alerta de que esto “puede
no ser bueno” para el desarrollo de la democracia.
En un monográfico firmado por el sociólogo Manuel Pérez Yruela se sostiene que la debilidad de la
cultura política contrasta con las altas expectativas de los andaluces respecto
al papel de lo “públicos” (estado) en la solución de muchos problemas como la
reducción de las desigualdades sociales, las ayudas a los más necesitados y la
intervención en la economía. En el caso del agua, al menos, es completamente
diferente. En los últimos años se ha creado un tejido asociativo alrededor del
agua que, entre otras cosas, ha logrado no sólo paralizar importantes procesos
de privatización sino que, incluso, ha impulsado la vuelta del “grifo” a manos
públicas.
Por ejemplo, en la
ciudad de Jerez, tres Entidades Locales Autónomas (ELAS), Guadalcacín,
Torrecera y Estella se han desmarcado de la privatización aprobada por el
gobierno de Jerez en abril 2013. Sus alcaldes han decidido encomendar este
servicio básico al ente público de Aguas de la Sierra. Lo
interesante ha sido que el catalizador del proceso ha sido fundamentalmente la
sociedad civil agrupada a través de una Coordinadora de más de veinte colectivos.
La Coordinadora ha sido capaz de mediar y dar soporte técnico —sin duda, con el
apoyo de instancias como Aeopas (Asociación Española de
Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento) — a una operación donde ocho mil
habitantes se puedan acoger a un servicio público que —además de partir con una
factura mucho más barata— supone un referente de lucha para demostrar que desde
lo público se puede, a la vez que representa un muro de contención para que en
adelante la empresa privada no pueda hacer —como mayoritariamente sucede en
España— subidas descomunales de los recibos, ni bajar el listón de alta
eficacia que ya poseía el sistema público de Jerez, dejando de conservar su
calidad.
De la misma forma
la sociedad civil andaluza (en paralelo a otros territorios del estado como
Catalunya o Murcia) está cogiendo el relevo de una carrera iniciada en Aragón,
donde casi una veintena de entidades han firmado un compromiso para dejar el
agua al margen de las leyes del mercado. Organizaciones ciudadanas,
ecologistas, las plataformas andaluzas del agua y la Asociación Andaluza del
Agua estamos preparando ya una propuesta similar, un pacto para que este
recurso esté siempre en manos públicas.
El pacto persigue
dos objetivos fundamentales. Uno es acabar con el denominado “canon
concesional” que permite a los ayuntamientos enjuagar sus cuentas gracias a la
venta de un servicio básico como el agua. La segunda meta es conseguir la
sostenibilidad económica, social y ambiental del ciclo del agua.
Los objetivos
básicos son que la gestión y tratamiento del agua sean considerados un servicio
de “acceso universal, participado y vinculado a los derechos humanos”. Este
compromiso supone cambios en las organizaciones responsables de este escaso
recurso en España, como la creación de un órgano regulador participado por las organizaciones
sociales y que sea capaz de supervisar, comparar y controlar el servicio.
Los principios
básicos del pacto por el agua pública son seis. El primero es que el agua es un
bien público y que los servicios de abastecimiento y saneamiento están
vinculados a derechos humanos y, por lo tanto, deben ser de acceso universal.
Ninguna organización discute el primer aspecto, pero la forma de llevar a cabo
el segundo, como los cortes de suministro por impago, anula en numerosas
ocasiones la consideración del recurso como un derecho sobre un bien de todos.
En este sentido, el acuerdo establece que el agua “no debe ser gestionada desde la
lógica del mercado, sino desde nuevas formas públicas y participativas,
sin ánimo de lucro, como servicios de interés general”.
El segundo punto del acuerdo considera “justo y
necesario” que servicios de agua y saneamiento sean municipales y no se vean
afectados por los recortes de competencia que supone la nueva normativa de
régimen local promovida por el Gobierno.
El pacto por el agua se ampara y defiende la resolución
de Naciones Unidas que declara el agua potable y el saneamiento como un derecho
humano esencial.
El acuerdo reclama una gestión integral y coordinada de
los servicios, evitando la dispersión y atomización de entidades responsables
de un bien común.
El modelo de gestión que se propone es 100% público,
frente a las numerosas propuestas de empresas mixtas (municipales y privadas),
“transparente y participativo”.
Este planteamiento
supone que la información responda a indicadores “significativos y
comprensibles” fijados por un consejo regulador o un observatorio independiente
con capacidad de control y representación.
El sistema tarifario que prevé el acuerdo es “justo”,
“equitativo” y capaz de garantizar el acceso a servicios de alta calidad,
independientemente de los recursos del ciudadano. Del mismo modo, el precio
debe asegurar la sostenibilidad financiera del servicio, incentivar el ahorro y
penalizar el derroche. “Los fondos recaudados por las tarifas o cualesquiera
otros vinculados al servicio de agua y saneamiento deberán dedicarse a
garantizar la gestión eficiente del mismo, realizar las inversiones precisas y
asegurar el acceso universal al servicio”.
El Pacto, está
abierto (en construcción) y tiene que conducir hacia un nuevo modelo público de
gestión. Su fuerza sólo será posible si la sociedad civil andaluza se une y es
capaz de meter en la agenda de “lo político” un modelo con cuatro reglas
básicas: eficacia, transparencia, rendición de cuentas y participación social.
En este sentido desde la #Iniciativa2015 trabajaremos
para que este pacto se haga realidad de cara a las próximas elecciones
municipales. Para que el agua sea “clara y transparente”
Luis
Babiano es, desde el año 2010, gerente
a la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento
(AEOPAS). Babiano se ocupa de la coordinación de todos los proyectos de
AEOPAS.
Anteriormente ejerció, entre otras tareas,
como Asesor del Director General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente y
Responsable del área de Sociedad y Territorio del Centro de las Nuevas
Tecnologías del Agua (CENTA)
Recientemente un informe del
Centro de Estudios Andaluces señala la “debilidad” de la sociedad civil
andaluza y de su cultura política “frente al deseo de un Estado fuerte que se
responsabilice de la solución de muchos problemas”, y alerta de que esto “puede
no ser bueno” para el desarrollo de la democracia.
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