EL PLAN NACIONAL DE OBRAS HIDRÁULICAS (1933)
Como ha resumido Ortega Cantero, «el panorama que en materia de política hidráulica y de transformación en regadío se encontró la Segunda República distaba desde luego bastante de resultar satisfactorio». En efecto, a pesar de tantas leyes y tantas retóricas, lo cierto es que entre 1904 y 1932 apenas se habían ampliado de las 1.231.094 a unas dudosas 1.500.000 ha. de regadío lo que, en todo caso, nunca alcanzaba el 7 por 100 de la superficie total cultivada.
Una de las primeras medidas de la República consiste en cambiar el nombre de las Confederaciones, ahora Mancomunidades Hidrográficas, suprimiendo posteriormente sus funciones, adscritas a las Delegaciones de Servicios Hidráulicos. Además, se apresuró también a suprimir el Ministerio de Fomento y crear el de Obras Públicas (16 de diciembre de 1931) y, poco después (4 de enero de 1932) la Dirección General de Obras Hidráulicas. Lo cierto es que, en un principio, se deja la estructura burocrática y se suprime la representación de los usuarios, que se recuperará en 1934 (con el gobierno de las derechas), que reorganizan las Confederaciones.
Ortega Cantero ha calificado a esta ley de «eslabón relevante en la larga historia de la política hidráulica», por cuanto «esboza por primera vez una concepción integradora y coordinada de la intervención estatal» y «plantea una clara convergencia de las respectivas intenciones de la política hidráulica y de la política de colonización interior inaugurada en 1907».
El paso siguiente responde al deseo de Prieto de establecer un Plan General de Obras Hidráulicas, iniciativa aprobada por Ley en las Constituyentes, lo que, si se analiza a fondo lo que han sido las medidas tomadas desde 1902, resulta decisivamente novedoso. Manuel Lorenzo Pardo, nombrado poco antes director del recién creado Centro de Estudios Hidrográficos, presenta un amplio informe científico (edáfico, climático, hidrográfico, etc., si bien lamenta no poder contar con series de datos suficientemente completas y precisas) del que deduce un cambio de signo en la preferencia (técnica y política) por el área mediterránea, que reune «todas las circunstancias precisas». Para disponer del caudal necesario para ello, llega a proponer el trasvase al sureste de aguas del Tajo y el Guadiana, uno de los puntos más polémicos.
El creador del Plan afirma que apenas se ha avanzado desde 1902, salvo en el Ebro (187.007 ha), Duero (40.300) y Guadalquivir (35.750), y apenas 8.000 en todo el resto de España. A la sazón, hay terminadas 108 obras, 58 en ejecución, 74 proyectadas, 142 en estudio y 191 «pendientes de estudio». La capacidad de embalse existente en 1921 era de 624,4 millones de m3; la creada en el periodo 1922-1930, de 697,1; y la creada en 1931-1935 (la mitad de tiempo que el periodo anterior), de 2.522,3 (la mitad de los cuales corresponden a la presa de Doiras, Navia): total, en esa última fecha, vísperas de la guerra civil, había en España una capacidad de embalse de 3.843,8 millones de m3. La República inaugura, pues, tres veces y media más capacidad que la Dictadura.
El Plan de 1933 es para 35 años, en tres fases de 10, 15 y 10, y si bien en la primera se destinaría el esfuerzo casi en partes iguales a nuevos regadíos y mejora de los antiguos, en las siguientes el avance sería espectacular en cuanto a los primeros y apenas avanzaría en los segundos. En total, se trataba de establecer 1.206.670 ha de nuevos regadíos, de los que un 30 por 100 en la cuenca del Ebro (que se llevaría, además, la parte del león, el 57 por 100 del regadío mejorado, mientras la del Júcar recibiría otro 27 por 100), un 16,5 en la del Guadalquivir, y cantidades muy semejantes, entre el 10 y el 8, en las del —por este orden— Duero, Segura, Tajo, Guadiana y Júcar.
Divulgado a través de tres tomos de gran interés, el Plan fue recibido con fuertes polémicas, especialmente en la cuenca del Duero, y el presidente de los Congresos Nacionales de Riegos, José Nicolau, encabeza una intensa campaña de prensa. Castilla, vienen a decir, es postergada en sus posibilidades hidráulicas y agrícolas. Lorenzo Pardo tiene para todos cumplidas respuestas. El es, como afirma, en noviembre de 1933, es decir, tras el triunfo de las derechas, el nuevo ministro de Obras Públicas Rafael Guerra del Río, «un hombre capaz de realizar este empeño... y de realizarlo en un plazo de brevedad excepcional». Si Prieto, al presentar el Plan a las Cortes había pedido «la atención de la opinión pública» y el apoyo al Plan, considerado una «obra nacional» que precisaba de «la patriótica cooperación de todos», Guerra aclara que aunque la trayectoria anterior le es ajena le presta su apoyo más resuelto», con el deseo de que esta empresa quede «al margen de toda lucha partidista». Prueba de ello es que se ha apresurado a nombrar al autor del Plan, Manuel Lorenzo Pardo, director general de Obras Hidráulicas.
La principal valoración sobre el Plan quizá sea la de Ortega Cantero: «la de Lorenzo Pardo fue una respuesta razonada a los problemas históricamente planteados por la concepción y la práctica de la transformación en regadío. Valoraba las diferencias y obraba en consecuencia: podía haberse hecho de otra manera, pero no parece fácil pensar en una política hidráulica viable sin llevar a cabo tales operaciones selectivas. Era una opción clara, y no carente de justificaciones, pero no llegó a convencer ni a quienes entendían de otro modo la potencialidad de las respectivas regiones, ni a quienes planeaban la actuación hidráulica en términos sustancialmente igualitarios».
De todos modos, el Plan no tuvo tiempo —ni hubo voluntad política— para avanzar. Gabriel Tortella ha destacado cómo, aunque la necesidad de una política hidráulica en un país tan seco parece evidente, ésta tardó mucho en gestarse, y aún más en ponerse en práctica. De hecho, esta «reforma agraria técnica» tuvo la enemiga de los grandes propietarios, sabedores de que el regadío afectaría al régimen de explotación («el agua disuelve el latifundio»). Quizá por eso tuvieron poca efectividad los planes de las CSH e incluso la Ley de Obras de Puesta en Riego (OPER) de 1932 y el ambicioso Plan de Obras Hidráulicas de Manuel Lorenzo Pardo, cuya principal novedad es el primer anuncio de trasvases entre cuencas.
Antonio Gómez Mendoza ha establecido un cuadro muy útil para comprobar las diversas adiciones a la capacidad de los embalses, entre 1850 y 1935:
Ante todo lo cual señala cómo «a diferencia de otros tipos de obras públicas examinadas.. la inversión en embalses se mantuvo muy apagada durante buena parte del periodo analizado. Comenzó a adquirir cierta relevancia en 1905 a raíz del Plan Gasset. Más adelante, las construcciones se multiplicaron con la Dictadura. Sin embargo, fue con la República cuando se alcanzó una cifra máxima de realizaciones. De hecho, aunque sólo se superó en tres el número de presas construidas en la Dictadura, su volumen de embalse fue, en cambio, 4,6 veces superior, por lo que carece de sentido seguir afirmando que ésta última impulsó las obras hidráulicas en mayor medida que la República»
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